Aprobación definitiva de la Ley de Morosidad

El Pleno del Congreso aprobó el 17 de Junio de 2010 el texto definitivo de la reforma de Ley de Morosidad incorporando las enmiendas aprobadas anteriormente por el Senado. De tal manera que se fijan unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores, en el caso de las administraciones públicas el plazo será de 30 días. Se elimina la posibilidad de que las empresas negocien otros plazos superiores de pago a los fijados por la ley.

El texto establece un periodo transitorio desde ahora hasta el 2013 donde las empresas privadas deberán pagar a sus proveedores en 85 días

este año y el próximo, 75 días en el 2012 y 60 días en el 2013, se exceptuan en este caso, a las empresas del sector de la alimentación y los productos perecederos que deberán pagar en 30 días en todos los casos.

En las administraciones públicas se irá rebajando el plazo de pago a 50 días este año y el 2011, 45 días para el 2012 y, finalmente, 30 días para el 2013. Además el Gobierno tendrá que establecer, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito directo para que los ayuntamientos paguen sus deudas con autónomos y empresas.

Las constructoras de obra pública tendrán, también, unos plazos distintos para rebajar el periodo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que ahora mismo es superior a los cien días y podrán pagar en 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011, durante el 2012 tendrán un periodo máximo de 90 días y, quedará establecido en 60 días en el 2013.

Queda pendiente el establecimiento de un régimen especial para el sector del libro, ya que se considera que existen unas circunstancias especiales en este sector derivado de los ciclos de explotación, la rotación de stocks y el específico régimen de depósito de libros.

Todas las empresas tendrán la obligación de informar en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores.

Enmiendas aparte, la Ley sería bien recibida si se aplicaran efectivamente los plazos de pago, sobre todo en el caso de las administraciones públicas, algo que, por lo visto hasta ahora, es difícilmente creible. Sobre la línea de crédito que se instrumentará a través del ICO, otra vez el ICO, habrá que ver su dotación económica, sobre todo si tenemos en cuenta que la deuda de las administraciones con las empresas privadas alcanza los 38.000 millones de euros.

Nueva Ley dentro de las medidas que buscan la reactivación y dinamización de la actividad empresarial.

Ley 3/2004 de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.